COMUNICADO PÚBLICO
Sobre el proyecto de Ley de Amnistía presentado en Venezuela en 2026
Desde la resistencia democrática, desde la defensa irrenunciable de los derechos civiles y humanos, y desde el conocimiento de los precedentes internacionales en procesos de amnistía y justicia transicional, fijamos posición frente al proyecto de Ley de Amnistía presentado por la actual Asamblea Nacional de Venezuela en 2026.
Partimos de una premisa esencial. Una ley de amnistía no es un gesto administrativo ni una concesión graciosa del poder. Es una herramienta excepcional del derecho público, concebida para cerrar ciclos de persecución política, reparar daños institucionales y abrir caminos reales de reconciliación nacional. Cuando se despoja a la amnistía de ese espíritu, se convierte en una reacción táctica del poder y no en un acto de justicia.
En ese sentido, vemos este proyecto más como una respuesta defensiva del oficialismo a presiones internas y externas que como una manifestación genuina de voluntad democrática. La razón es estructural. Una ley de esta naturaleza exige legitimidad de origen, deliberación plural y reconocimiento social. Hoy, la Asamblea Nacional que impulsa este texto carece de esas condiciones. No es producto de una elección libre ni competitiva. Es un cuerpo configurado por designación, subordinado a un poder hegemónico, y distante de la soberanía popular que dice representar. Esa debilidad de origen compromete el alcance moral, político y jurídico de cualquier amnistía que promulgue.
Dicho esto, afirmamos con claridad que la liberación de todos los presos políticos y presos militares es una exigencia innegociable. No parcial, no condicionada, no selectiva. Todos. Sin distinciones artificiales entre civiles y militares, entre casos mediáticos y casos invisibilizados, entre quienes convienen al relato oficial y quienes lo incomodan. No existen presos "menos políticos" cuando el encarcelamiento ha sido producto de la instrumentalización del sistema penal para castigar la disidencia.
Del mismo modo, el regreso seguro, pleno y sin represalias de todos los exiliados venezolanos es parte inseparable de cualquier amnistía auténtica. El exilio forzado es una forma de castigo político. Mientras existan venezolanos impedidos de volver a su país por razones ideológicas, administrativas o judiciales fabricadas, no puede hablarse de convivencia democrática ni de reconciliación nacional.
Este proyecto de ley, tal como ha sido presentado, no desmonta el andamiaje legal que permitió la persecución. No desactiva las normas, doctrinas y prácticas que criminalizaron la protesta, la opinión, la organización política y el ejercicio de derechos fundamentales. Una amnistía que no va acompañada del cese inmediato de la instrumentalización de la justicia es frágil y reversible. Libera hoy para volver a encarcelar mañana bajo las mismas reglas injustas.
Advertimos además un riesgo grave. Convertir la amnistía en una narrativa de "perdón otorgado" por quienes detentan el poder, en lugar de reconocer que nunca debió existir delito alguno. La amnistía no puede implicar aceptación tácita de culpabilidad por parte de las víctimas. Los presos políticos no necesitan indulgencia. Necesitan restitución de derechos, reconocimiento de la arbitrariedad cometida y garantías de no repetición.
Nuestra posición no es revanchista. Es firme. No buscamos humillación del adversario ni profundizar fracturas. Creemos en la reconciliación, pero no en la amnesia impuesta ni en la paz administrada desde arriba. La experiencia comparada demuestra que las amnistías duraderas surgen de acuerdos amplios, de instituciones legítimas y de compromisos verificables con el Estado de derecho. Cuando se usan como válvula de escape coyuntural, terminan erosionando aún más la confianza social.
Por ello establecemos parámetros claros. Libertad inmediata y plena para todos los presos políticos y militares. Retorno seguro de todos los exiliados. Anulación de inhabilitaciones y causas penales de naturaleza política. Cese definitivo del uso del sistema judicial como arma de persecución. Reformas que garanticen que ningún venezolano vuelva a ser criminalizado por pensar distinto.
Cualquier ley que no cumpla estos principios será insuficiente, incompleta y vulnerable. Podrá aliviar tensiones momentáneas, pero no resolverá el conflicto de fondo. Venezuela no necesita una amnistía diseñada para administrar el poder. Necesita una amnistía al servicio de la libertad, la justicia y la reconstrucción democrática.
Seguiremos exigiendo, con firmeza y responsabilidad histórica, que la libertad no sea selectiva, que la justicia no sea instrumental y que la reconciliación no sea una simulación.
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