sábado, 10 de febrero de 2024

Los Hijos de Chávez

La preocupante realidad de más de siete millones de venezolanos que han abandonado su tierra natal resalta la profunda crisis que atraviesa Venezuela. Aunque la crisis interna es la razón predominante detrás de esta migración masiva, es importante reconocer que los motivos varían en diferentes ámbitos y etapas.

En los albores del chavismo, muchos compatriotas decidieron emigrar ante el inminente desastre, tomando como referencia los acontecimientos en Cuba y reconociendo las similitudes alarmantes. Esta primera oleada migratoria se dirigió hacia países desarrollados, donde fueron recibidos con los brazos abiertos debido a su profesionalismo, carácter emprendedor y capacidad para adaptarse.

Con el declive progresivo de la nación, las razones para emigrar dejaron de ser preventivas y se convirtieron en una cuestión de supervivencia. Las ciudades principales se vieron sumidas en olas de violencia y criminalidad, lo que obligó a muchos a buscar refugio más allá de las fronteras. Países como Estados Unidos, España y Chile se perfilaban como destinos preferidos para aquellos que se denominaban "los balseros del aire". Estas comunidades lograron integrarse en zonas acomodadas de estos países, donde fueron acogidos con beneplácito.

La violencia política instigada por Nicolás Maduro entre 2014 y 2017, sumada a la profunda crisis económica y la persecución sin precedentes de activistas, catapultó la migración a niveles monumentales. Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil se convirtieron en destinos comunes, y tanto los gobiernos como los ciudadanos de estos países se organizaron para recibir a los venezolanos, a pesar de los desafíos que esto planteaba en sectores como la salud y la educación de los países receptores.

Tras el fraude electoral de 2017 y el endurecimiento de las sanciones internacionales, exacerbado por la pandemia, se generó un clima económico hostil que dio lugar a un nuevo fenómeno: los "caminantes". Sin recursos ni opciones viables en los países vecinos, millones de venezolanos se aventuraron por largas rutas, cruzando fronteras a pie en un acto desesperado por buscar una vida mejor. Esta situación, que en un principio reflejaba la profundidad de la crisis interna, abrió la puerta a consecuencias inesperadas.

Los criminales que infestaban las calles de Venezuela, al quedarse sin fuentes internas, optaron por usar las mismas rutas de migración para expandir sus actividades delictivas a lo largo de Suramérica. Este nefasto giro no solo ha afectado a las comunidades receptoras, sino que ha socavado la reputación de un gentilicio que antes era bien apreciado.

Con la llegada de la administración de Biden, prometiendo puertas abiertas y nacionalidad para todos, grupos de migrantes decidieron atravesar la selva del Darién, convirtiendo a Estados Unidos en un objetivo primordial. Sin embargo, entre los migrantes se infiltraron individuos que representan la peor faceta de nuestra sociedad, carentes del valor humano y dispuestos a abusar del sistema. Estos criminales son el excremento que se rebosa de una cloaca colapsada. Los hijos de Chávez.

Estos eventos, sumados a la escalada de violencia y delincuencia que ha llegado incluso a amenazar a policías y turistas en el extranjero, caso reciente en NY, reflejan una realidad alarmante. Es evidente que la diáspora venezolana no es solo resultado de una crisis interna, sino también de una estrategia deliberada por parte del régimen de Maduro para ejercer presión y obtener concesiones. No es posible que sea solo coincidencia, que en el mismo momento que la administración Biden habla de reimponer sanciones, en el corazón de Manhattan, delincuentes connacionales, golpeen en manadas a policías, desaten robo masivo de turistas y ataquen a tiros a la policía.

Frente a esta situación, es fundamental que nos mantengamos firmes en nuestra identidad y orgullosos de nuestras raíces. Debemos exigirnos más y dar lo mejor de nosotros en las comunidades que nos han acogido. Al mismo tiempo, es imprescindible que se aplique el peso de la ley para evitar que los individuos inadaptados y delincuentes mancillen nuestra cultura y la reputación de nuestra nación en el extranjero.

Julio César Rivas

martes, 30 de enero de 2024

Simulation

In today's era, simulation has intricately woven itself into our lives—not only in the technological realm, where algorithms create virtual worlds nearly indistinguishable from everyday reality but also in the sphere of social behavior. Social media, in particular, has given rise to a simulation of perfect lives, where some sacrifice stability, and others jeopardize their future to emulate an unattainable ideal modeled on their mobile devices.

However, beyond these manifestations, I want to draw attention to a more serious form of simulation: the democratic simulation perpetrated by dictatorships and tyrannies worldwide. Why, if you feel no remorse for torturing and subjugating your population, imposing arbitrary laws, and undermining the separation of powers, do you self-proclaim as a democratic president instead of assuming a title more fitting to your authoritarian actions?

This simulation is not exclusive to dictatorial regimes; it is also observed in Western countries. We recall the assertive actions of leaders like Macron in France or Trudeau in Canada, criminalizing those who oppose mandatory vaccination. Meanwhile, they present themselves as champions of freedom, creating an evident dissonance between rhetoric and reality.

In Latin American dictatorships like Cuba, Nicaragua, and Venezuela, the democratic simulation reaches new heights. Although they organize periodic elections, these are mere pantomimes, as no citizen has the opportunity to participate in a truly free, fair, and transparent election. Political participation is conditioned on regime approval, and those who dare to run for office face persecution, arrest, and even violence.

So, what is the reason behind this democratic facade? Why do leaders like Maduro participate in elections when they have shown disdain for the will of the people? Perhaps it's a strategy to maintain an appearance of legitimacy or, as I suggest, a manifestation of ego—a need to flaunt democratic titles while acting as dictators.

In a global context, it is concerning to witness concessions by the U.S. administration toward these dictatorships, simulating a transition to democracy without any real evidence of democratization. As a Venezuelan, it is our duty to confront reality and denounce those who, aware of the falsehood of this simulation, allow tyrannies to present themselves as examples of democracy. Lies in the political realm weaken the foundations of any society and hinder any projection of an authentic future.

Julio César Rivas
@JULIOCESARRIVAS

Simulación

En la era actual, la simulación se ha entrelazado de manera intrincada en nuestras vidas, no solo a nivel tecnológico, donde algoritmos crean mundos virtuales casi indistinguibles de la realidad cotidiana, sino también en el ámbito de la conducta social. Las redes sociales, en particular, han dado paso a una simulación de vidas perfectas, donde algunos sacrifican la estabilidad y otros condenan su futuro para emular un ideal inalcanzable modelado en sus dispositivos móviles.

Sin embargo, más allá de estas manifestaciones, quiero dirigir la atención hacia una forma más grave de simulación: la simulación democrática perpetrada por dictaduras y tiranías en todo el mundo. ¿Por qué, si no sientes remordimiento por torturar y someter a tu población, imponer leyes arbitrarias y socavar la independencia de los poderes, te autodenominas presidente democrático en lugar de asumir un título más acorde con tus acciones autoritarias?

Esta simulación no es exclusiva de regímenes dictatoriales; también se observa en países occidentales. Recordamos las acciones enérgicas de líderes como Macron en Francia o Trudeau en Canadá, criminalizando a aquellos que se oponen a la vacunación obligatoria. Mientras tanto, se presentan como defensores de la libertad, creando una discordancia evidente entre la retórica y la realidad.

En las dictaduras latinoamericanas como Cuba, Nicaragua y Venezuela, la simulación democrática alcanza nuevas alturas. Aunque organizan elecciones periódicas, estas son meras pantomimas, ya que ningún ciudadano tiene la oportunidad de participar en una elección realmente libre, justa y transparente. La participación política está condicionada a la aprobación del régimen, y aquellos que se atreven a postularse enfrentan persecución, detención e incluso violencia.

Entonces, ¿cuál es la razón detrás de esta fachada democrática? ¿Por qué líderes como Maduro participan en elecciones cuando han demostrado desprecio por la voluntad del pueblo? Quizás es una estrategia para mantener una apariencia de legitimidad o, como sugiero, una manifestación del ego, una necesidad de ostentar títulos democráticos mientras actúan como dictadores.

En un contexto global, es preocupante ver concesiones por parte de la administración estadounidense hacia estas dictaduras, simulando una transición hacia la democracia sin evidencia real de democratización. Como venezolano, es nuestro deber confrontar la realidad y denunciar a aquellos que, conscientes de la falsedad de esta simulación, permiten que las tiranías se presenten como ejemplos de democracia. La mentira en el ámbito político debilita los cimientos de cualquier sociedad y obstaculiza cualquier proyección de un futuro auténtico.

Julio César Rivas
@JULIOCESARRIVAS

lunes, 1 de enero de 2024

Paisaje Geopolítico del 2024

El inicio del 2024 presencia dos conflictos de envergadura: la invasión Rusa en Ucrania y la Guerra de Israel contra el terrorismo en Gaza. Estos conflictos, uno afectando a Europa y el otro a Oriente Medio, plantean implicaciones regionales y globales significativas. La prolongación del conflicto en Ucrania se ve respaldada por el apoyo militar de Estados Unidos, mientras que la guerra en Gaza tiene ramificaciones que se extienden a países como Líbano, Yemen, Siria e Irán, con Estados Unidos defendiendo a su firme aliado, Israel.

A estas tensiones se suman las amenazas de Corea del Norte hacia Corea del Sur, la posible invasión china a Taiwán y los recientes enfrentamientos entre Guyana y Venezuela por el territorio de Esequibo. ¿Estamos al borde de un sismo geopolítico?

El año 2024 alberga más de 50 procesos electorales en todo el mundo, incluyendo potencias como Rusia y Estados Unidos, y países latinoamericanos como El Salvador, México y Venezuela. Estos eventos, coincidiendo con los conflictos vigentes, podrían influir en decisiones no solo basadas en intereses estatales, sino también en consideraciones internas y de percepción pública.

En el contexto americano, se aguarda un cambio radical. La administración actual de Estados Unidos ha adoptado una política exterior complaciente hacia regímenes comunistas en el hemisferio, comprometiendo su postura frente al caótico panorama energético y cediendo considerablemente ante el régimen venezolano. La falta de señales legítimas de transición a la democracia por parte de la dictadura de Maduro, con aproximadamente 300 prisioneros políticos y la continua aplicación de tortura a disidentes, plantea la necesidad urgente de un cambio administrativo para América Latina y la región en su conjunto.

Sin embargo, el cambio en Estados Unidos no solo es crucial para la región, sino también a nivel interno. Las políticas progresistas han generado un aumento en la criminalidad y una crisis de opioides sin precedentes en las principales ciudades del país, en contraposición a los valores tradicionales. Las encuestas sitúan a Trump como un candidato preferido, aunque la posibilidad de interferencia judicial o mecanismos unilaterales de algunos estados demócratas para evitar su candidatura plantea un escenario peligroso.

En América Latina, las reformas anunciadas en Argentina bajo la figura de Milei generan interés regional. Si bien se anticipan efectos inmediatos, podrían ser aprovechados por grupos de izquierda para desestabilizar, aunque si el país logra mantenerse firme, podría convertirse en un modelo económico ejemplar para la región.

El acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Maduro para celebrar elecciones en Venezuela genera escepticismo. La suspensión de la inhabilitación de María Corina Machado, candidata de la oposición, y su plan para crear una red de 600.000 personas como apoyo electoral podría abrir una ventana importante de expresión civil en años de letargo.

El 2024 permanece como un misterio en cuanto a sus desenlaces, pero los acontecimientos de este año tienen el potencial de alterar profundamente el curso global desde sus mismos fundamentos.

Julio César Rivas

2024 Geopolitical Landscape

The beginning of 2024 witnesses two significant conflicts: the Russian invasion of Ukraine and Israel's War against terrorism in Gaza. These conflicts, affecting Europe and the Middle East respectively, carry significant regional and global implications. The prolonged Ukrainian conflict is backed by military support from the United States, while the Gaza war has ramifications extending to countries like Lebanon, Yemen, Syria, and Iran, with the United States defending its staunch ally, Israel.

Adding to these tensions are North Korea's threats against South Korea, the potential Chinese invasion of Taiwan, and recent disputes between Guyana and Venezuela over the Esequibo territory. Are we on the brink of a geopolitical earthquake?

The year 2024 hosts over 50 electoral processes globally, including in powerful nations like Russia and the United States, and Latin American countries such as El Salvador, Mexico, and Venezuela. These events, coinciding with ongoing conflicts, could impact decisions not only based on state interests but also on internal and public perception considerations.

In the American context, a radical change is anticipated. The current U.S. administration has embraced a compliant foreign policy towards communist regimes in the hemisphere, compromising its stance amidst chaotic energy scenarios and significantly yielding to the Venezuelan regime. The lack of legitimate signals of transition to democracy from Maduro's dictatorship, with around 300 political prisoners and the ongoing torture of dissidents, underscores the urgent need for administrative change in Latin America and the region as a whole.

However, the change in the United States is critical not only regionally but also internally. Progressive policies have led to increased crime and an unprecedented opioid crisis in major U.S. cities, contrary to traditional values. Surveys position Trump as a favored candidate, though the possibility of judicial interference or unilateral mechanisms from certain Democratic states to prevent his candidacy poses a dangerous scenario.

In Latin America, the announced reforms in Argentina under the figure of Milei spark regional interest. While immediate effects are anticipated, these reforms could be exploited by leftist groups for destabilization. If Argentina manages to weather the storm, it could potentially become an exemplary economic model for the region.

The agreement between the United States and Maduro's regime to hold elections in Venezuela raises skepticism. The suspension of the disqualification of opposition candidate María Corina Machado and her plan to create a network of 600,000 people as electoral support could open a significant window for civil expression after years of dormancy.

The outcomes of 2024 remain a mystery, but the events unfolding this year have the potential to profoundly alter the global trajectory from its very foundations.

Julio César Rivas

jueves, 21 de diciembre de 2023

Prisoners as Bargaining Chips: A Looming Danger for All

The recent release of Alex Saab, identified as the top money launderer for Venezuela's dictator Nicolás Maduro, has sparked concerns about the direction of U.S. rescue diplomacy. This trend, marked by often opaque agreements and the exchange of high-profile individuals, raises serious concerns about international security and the integrity of the justice system.

Set against the backdrop of the Barbados Agreement, where the Biden administration and the Maduro regime engaged in negotiations, controversies have emerged. While aimed at lifting sanctions in exchange for concessions from the Venezuelan regime, recent terms have stirred confusion and mistrust among Venezuelan society.

The emerging pattern of exchanges, such as the release of Saab and the prior release of Maduro's nephews in exchange for American prisoners, signals a dangerous precedent. This is exacerbated by the recent release agreement between the U.S. and Iran, where a U.S. prisoner was traded for unlocking substantial funds.

This series of exchanges, seemingly circumventing established legal procedures, poses an evident risk. The possibility of tyrannical regimes and criminal organizations adopting similar tactics to gain concessions from the U.S. administration becomes increasingly alarming.

In the current complex geopolitical landscape, encompassing conflicts in the Middle East, tensions with Russia, and the presence of Mexican cartels, American citizens may find themselves in varied roles. Whether directly involved or coincidentally present, this diverse involvement heightens the potential for being targeted for kidnappings aimed at influencing U.S. policies.

Rescue diplomacy, while a tool in delicate situations, raises serious concerns about the consistency of foreign policies and the defense of international justice. The international community must carefully evaluate these practices as they could foster a dangerous dynamic of selective kidnappings to pressure democratic governments.

Far from being a mere response to crisis situations, this pattern of exchanges could set a precedent that threatens the safety of American citizens and the stability of international relations in the future.

Julio César Rivas

Prisioneros como Moneda de Cambio: Un Peligro Latente para Todos

La reciente liberación de Alex Saab, identificado como el principal testaferro del régimen de Nicolás Maduro, ha desencadenado preocupaciones sobre la dirección de la diplomacia de rescate de Estados Unidos. Esta tendencia, marcada por acuerdos a menudo opacos y el intercambio de individuos de alto perfil, plantea serias inquietudes sobre la seguridad internacional y la integridad del sistema de justicia.

El contexto del Acuerdo de Barbados, donde la administración Biden y el régimen de Maduro se comprometieron en negociaciones, ha generado controversia. Si bien se pretendía un levantamiento de sanciones a cambio de concesiones por parte del régimen venezolano, los términos más recientes han suscitado desconcierto y desconfianza en la sociedad venezolana.

El patrón emergente de intercambios, como la liberación de Saab y la previa liberación de los sobrinos de Maduro a cambio de prisioneros estadounidenses, apunta a un peligroso precedente. Esto se agrava con el reciente acuerdo de liberación de un prisionero estadounidense por parte de Irán, con la contrapartida de desbloquear fondos significativos.

Esta serie de intercambios, aparentemente al margen de los procedimientos legales establecidos, plantea un riesgo evidente. La posibilidad de que regímenes tiránicos y organizaciones criminales adopten tácticas similares para obtener concesiones de la administración estadounidense se vuelve inquietante.

En el complejo tablero geopolítico actual, donde se desarrollan conflictos en Medio Oriente, tensiones con Rusia y la presencia de cárteles mexicanos, ciudadanos estadounidenses pueden encontrarse en roles diversos. Esta diversidad de roles, ya sea por participación directa o presencia casual, aumenta la posibilidad de ser objeto de secuestros con el propósito de influenciar las políticas de Estados Unidos.

La diplomacia de rescate, si bien puede ser una herramienta en situaciones delicadas, plantea serias preocupaciones sobre la coherencia de las políticas exteriores y la defensa de la justicia internacional. La comunidad internacional debe evaluar con cautela estas prácticas, dado que podrían fomentar una peligrosa dinámica de secuestros selectivos para presionar a gobiernos democráticos.

Este patrón de intercambios, lejos de ser una mera respuesta a situaciones de crisis, podría sentar un precedente que amenace la seguridad de ciudadanos estadounidenses y la estabilidad de las relaciones internacionales en el futuro.

Julio César Rivas

domingo, 17 de diciembre de 2023

Efecto Puerta Giratoria

Dentro del acuerdo negociado entre el régimen de Nicolás Maduro y entidades que afirman representar intereses opositores, la condición crucial de liberar a los presos políticos tenía como objetivo impulsar el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y Europa en sectores críticos. Inicialmente celebrado como un posible paso hacia la reconciliación, la implementación de este pacto mostró signos alentadores con la liberación de algunos detenidos políticos seleccionados. Sin embargo, estas acciones parecían más representativas de una maniobra estratégica que de un compromiso genuino con la defensa de los derechos humanos.

A pesar del aparente progreso, el gobierno venezolano persiste en su explotación sistemática del sistema judicial para silenciar la disidencia y atacar a adversarios políticos. El uso prevalente de instrumentos legales como herramientas de represión se destaca por casos alarmantes como la detención arbitraria y el maltrato sufrido por Jhon Álvarez, así como las condenas injustas impuestas a numerosos trabajadores, lo que representa un patrón arraigado de abusos contra los derechos humanos.

El 'Efecto Puerta Giratoria', un término acuñado por el Foro Penal Venezolano, encapsula acertadamente la estrategia calculada del régimen en el ámbito de la prisión política. La fluctuación constante en el número de detenidos políticos, que se mantiene en 276 a pesar de liberaciones esporádicas, es un recordatorio contundente de la manipulación del régimen hacia estos individuos como fichas de negociación en lugar de un paso sincero hacia una reforma democrática.

Sumándose a estas tendencias preocupantes está el reciente anuncio del fiscal del régimen, Tarek William Saab, quien emitió órdenes de arresto contra 13 líderes opositores. Esta lista incluye figuras destacadas como miembros del equipo de campaña presidencial de María Corina Machado, incluyendo al coordinador de la organización de Vente Venezuela, Henry Alviarez; la coordinadora de comunicaciones, Claudia Macero; y el coordinador internacional, Pedro Urruchurtu, quienes enfrentan acusaciones infundadas y ahora son objeto de persecución por parte del régimen, socavando cualquier atisbo de libertad política y proceso democrático.

La urgencia de priorizar la liberación de presos políticos se vuelve aún más crítica al considerar las graves injusticias enfrentadas por individuos como Jhon Álvarez y los trabajadores injustamente condenados. Su situación sirve como una ilustración conmovedora del grave abuso de poder por parte del régimen y el menosprecio por los derechos humanos básicos. Es imperativo que tanto actores nacionales como internacionales se unan en una demanda firme para la liberación inmediata de estos individuos, no simplemente como un gesto, sino como un paso indispensable para restaurar la justicia y los valores democráticos.

La situación actual en Venezuela exige una reevaluación de las estrategias diplomáticas internacionales y requiere una acción unificada y inequívoca para presionar al régimen de Maduro a llevar a cabo reformas genuinas y duraderas. El sufrimiento de los presos políticos debe servir como un llamado a la acción para defensores globales de los derechos humanos, impulsando esfuerzos concertados hacia un cambio sustancial e irreversible lejos de la represión hacia la restauración de la democracia y la justicia en Venezuela.

Julio César Rivas

Revolving Door Effect

Within the negotiated agreement between Nicolás Maduro's regime and entities claiming to represent opposition interests, the crucial condition of releasing political prisoners aimed to prompt the lifting of economic sanctions imposed by the United States and Europe on critical sectors. Initially celebrated as a potential step towards reconciliation, the implementation of this pact showed promising signs with the release of select political detainees. However, these actions seemed more emblematic of a strategic maneuver than a genuine commitment to upholding human rights.

Despite the perceived progress, the Venezuelan government persists in its systematic exploitation of the judicial system to silence dissent and target political adversaries. The prevalent misuse of legal instruments as tools of repression is underscored by alarming cases such as the arbitrary detention and mistreatment suffered by Jhon Álvarez, as well as the unjust convictions imposed on numerous workers, representing an entrenched pattern of human rights abuses.

The 'Revolving Door Effect,' a term coined by the Venezuelan Penal Forum, aptly encapsulates the regime's calculated strategy in the realm of political imprisonment. The consistent fluctuation in the number of political detainees, remaining at 276 despite sporadic releases, serves as a stark reminder of the regime's manipulation of these individuals as bargaining chips in negotiations, rather than an earnest step towards democratic reform.

Adding to these concerning trends is the recent announcement made by the regime's prosecutor, Tarek William Saab, who issued arrest warrants against 13 opposition leaders. This list includes prominent figures such as members of María Corina Machado's presidential campaign team, including the coordinator of Vente Venezuela organization, Henry Alviarez; the communications coordinator, Claudia Macero; and the international coordinator, Pedro Urruchurtu. These individuals face baseless charges and are now subject to persecution by the regime, further undermining any semblance of political freedom and democratic process.

The urgency to prioritize the release of political prisoners becomes all the more critical when considering the grave injustices faced by individuals like Jhon Álvarez and the unfairly convicted workers. Their plight serves as a poignant illustration of the regime's gross misuse of power and disregard for basic human rights. It is imperative that both national and international actors unite in a firm demand for the immediate release of these individuals, not merely as a gesture, but as an indispensable step towards restoring justice and democratic values.

The ongoing situation in Venezuela calls for a reevaluation of international diplomatic strategies and demands unified, unequivocal action to pressure the Maduro regime into enacting genuine and lasting reforms. The suffering of political prisoners must serve as a rallying cry for global advocates of human rights, compelling concerted efforts towards effecting a substantial and irreversible shift away from repression towards the restoration of democracy and justice in Venezuela.

Julio César Rivas

domingo, 3 de diciembre de 2023

Political Prisoners and Torture

In Venezuela, a systematic pattern of civil rights violations by the State has been evident. Recent examples include the case of John Álvarez, a university student majoring in Anthropology at the Central University of Venezuela (UCV), who was detained on August 30, 2023, and suffered atrocious abuses while in State custody.


Detention and Torture of John Álvarez


John Álvarez, arbitrarily detained, endured a series of inhumane physical abuses while in custody. According to forensic reports from the Public Ministry's Forensic Service, Álvarez lost vision in his left eye, has inflammation in his left kidney, and suffers an injury from his right gluteus to the knee, preventing him from extending his right leg. The beatings and tortures he underwent, including the use of blunt objects and electric shocks, reflect a clear abuse of power and violation of human rights.


Union Leaders Sentenced to 16 Years in Prison


In addition to Álvarez's case, six union leaders were sentenced to 16 years in prison for leading protests seeking wage and labor improvements. Among the convicted are Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, and Nelson Astudillo. These individuals, linked to state apparatus unions, were sentenced for exercising their legitimate right to peaceful protest and defending the labor interests of their peers.


Irregularities in Judicial Processes


The convictions of these union leaders were based on anonymous accusations and unfounded charges of conspiracy and association for delinquency. The presented evidence lacked solid grounds, raising concerns about the integrity and transparency of the judicial procedures. This situation reflects a clear manipulation of the judicial system to pursue and silence dissent.


Release of Political Prisoners as a Condition


The blatant violations of civil rights in Venezuela, exemplified by the cases of John Álvarez and the six union leaders, are alarming concerns and clear indicators of the deterioration of the rule of law in the country. The international community must strongly call for an end to these systematic abuses and demand the immediate release of all political prisoners.


The United States, Europe, and other international actors are urged to condition the relief of sanctions imposed on the Venezuelan dictatorship on the guarantee of the release of political prisoners and the unrestricted respect for human rights in the country. The release of political prisoners should be a top priority in any negotiation or dialogue with the Venezuelan government, as it represents a fundamental step toward restoring democracy and reinstating fundamental guarantees for all Venezuelan citizens.


It is essential for the international community to maintain pressure and continue insisting on the release of all political prisoners as a sine qua non condition for any easing of sanctions on the Venezuelan dictatorship, aiming to promote a positive change toward the restoration of democracy and respect for human rights in the country.


Julio César Rivas