En los albores del chavismo, muchos compatriotas decidieron emigrar ante el inminente desastre, tomando como referencia los acontecimientos en Cuba y reconociendo las similitudes alarmantes. Esta primera oleada migratoria se dirigió hacia países desarrollados, donde fueron recibidos con los brazos abiertos debido a su profesionalismo, carácter emprendedor y capacidad para adaptarse.
Con el declive progresivo de la nación, las razones para emigrar dejaron de ser preventivas y se convirtieron en una cuestión de supervivencia. Las ciudades principales se vieron sumidas en olas de violencia y criminalidad, lo que obligó a muchos a buscar refugio más allá de las fronteras. Países como Estados Unidos, España y Chile se perfilaban como destinos preferidos para aquellos que se denominaban "los balseros del aire". Estas comunidades lograron integrarse en zonas acomodadas de estos países, donde fueron acogidos con beneplácito.
La violencia política instigada por Nicolás Maduro entre 2014 y 2017, sumada a la profunda crisis económica y la persecución sin precedentes de activistas, catapultó la migración a niveles monumentales. Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil se convirtieron en destinos comunes, y tanto los gobiernos como los ciudadanos de estos países se organizaron para recibir a los venezolanos, a pesar de los desafíos que esto planteaba en sectores como la salud y la educación de los países receptores.
Tras el fraude electoral de 2017 y el endurecimiento de las sanciones internacionales, exacerbado por la pandemia, se generó un clima económico hostil que dio lugar a un nuevo fenómeno: los "caminantes". Sin recursos ni opciones viables en los países vecinos, millones de venezolanos se aventuraron por largas rutas, cruzando fronteras a pie en un acto desesperado por buscar una vida mejor. Esta situación, que en un principio reflejaba la profundidad de la crisis interna, abrió la puerta a consecuencias inesperadas.
Los criminales que infestaban las calles de Venezuela, al quedarse sin fuentes internas, optaron por usar las mismas rutas de migración para expandir sus actividades delictivas a lo largo de Suramérica. Este nefasto giro no solo ha afectado a las comunidades receptoras, sino que ha socavado la reputación de un gentilicio que antes era bien apreciado.
Con la llegada de la administración de Biden, prometiendo puertas abiertas y nacionalidad para todos, grupos de migrantes decidieron atravesar la selva del Darién, convirtiendo a Estados Unidos en un objetivo primordial. Sin embargo, entre los migrantes se infiltraron individuos que representan la peor faceta de nuestra sociedad, carentes del valor humano y dispuestos a abusar del sistema. Estos criminales son el excremento que se rebosa de una cloaca colapsada. Los hijos de Chávez.
Estos eventos, sumados a la escalada de violencia y delincuencia que ha llegado incluso a amenazar a policías y turistas en el extranjero, caso reciente en NY, reflejan una realidad alarmante. Es evidente que la diáspora venezolana no es solo resultado de una crisis interna, sino también de una estrategia deliberada por parte del régimen de Maduro para ejercer presión y obtener concesiones. No es posible que sea solo coincidencia, que en el mismo momento que la administración Biden habla de reimponer sanciones, en el corazón de Manhattan, delincuentes connacionales, golpeen en manadas a policías, desaten robo masivo de turistas y ataquen a tiros a la policía.
Frente a esta situación, es fundamental que nos mantengamos firmes en nuestra identidad y orgullosos de nuestras raíces. Debemos exigirnos más y dar lo mejor de nosotros en las comunidades que nos han acogido. Al mismo tiempo, es imprescindible que se aplique el peso de la ley para evitar que los individuos inadaptados y delincuentes mancillen nuestra cultura y la reputación de nuestra nación en el extranjero.
Julio César Rivas
