Nos hemos acostumbrado a lo inverosímil, a
que las cosas más surreales son nuestra normalidad y forman parte de nuestro
día a día.
No sólo se trata de alegrarnos en el
supermercado cuando conseguimos leche, aceite o azúcar, cuando vemos más de
tres marcas de yogures en la nevera o hasta cuando salimos contentos porque no
tuvimos que dejar ningún artículo porque el dinero nos alcanzó para hacer el
mercado.
Tampoco se trata de los 53 asesinados
diariamente, de los 1500 mensuales y más de 19.000 que pierden la vida anualmente en manos del hampa en nuestro país. Me cuesta creer que lo que antes solía ser un
escándalo ahora forma parte de nuestra rutina diaria, ya ahorita en periódicos
y medios de comunicación se reducen las historias de los casos específicos e
incluso hasta de los mismos obituarios de los fallecidos, ahora intercambiaron
su identidad para ser simplemente un número, una cifra.
De números también hablamos cuando
reflexionamos que ayer celebrábamos el día nacional del periodista. Fecha digna de celebrar por quienes dan su
tiempo, su familia, sus vacaciones, horas de sueño, hasta su salud y su vida por cumplir con su
deber, el de mantener informados a cada
uno de los ciudadanos. Pero al parecer,
hablando de normalidades en este país, nos encontramos con que cumplir con
llevar la verdad a las masas es igual a cometer un delito y por ende requiere
una sanción arbitraria.
Amanecimos el día de hoy con la noticia de
que todos aquellos medios de comunicación que apoyen a algún candidato (entiéndase el opositor) serán multados con una suma de hasta 630.000 Bs. Cada vez que cambio de canal en canal cuento
un total de 6 canales oficialistas sólo en televisión (VTV, VIVE, TVES, Tele
Sur, AnTV y Ávila TV). Todos cuentan con
el mismo mensaje a transmitir disfrazado distintamente. En la hora estipulada
para la publicidad sólo llego a ver propagandas políticas del mismo candidato,
que me imagino que ustedes ya saben de quien se trata.
Hace justamente cinco años la juventud se
alzó tras el cese de concesión que significó el cierre del canal de televisión
RCTV y hoy, cinco años, un mes y un día después; el TSJ dictamina una multa
confiscatoria, que embargará todos los activos de la planta televisiva
GLOBOVISIÓN. Dicho embargo es de Bs 24.425.216,
lo que supone el triple de la multa previamente impuesta por CONATEL por el
caso de la transmisión de los hechos de la cárcel de El Rodeo en junio de 2011.
No podemos hablar de normalidad cuando hace
cinco años fue víctima un canal y el día de hoy es otro. Ya no se trata del nombre de la televisora,
si no del hecho de que pretenden amordazarnos día a día a cada uno. Poco a poco querrán ir apagando nuestras
luces para no informar, opinar, criticar ni tampoco ser informados de la
realidad incierta y la incertidumbre eterna en la que estamos sumergidos.
Debemos entender que estamos enfrentándonos a
un régimen totalitario, que la manera de intensificar su campaña es a
través de los atropellos y de la represión.
Estos 100 días de campaña restantes sabemos que serán sumamente
intensos.
Es ahora, nuestro momento y nuestro turno de
decidir cuál queremos que sea nuestra normalidad, qué queremos para nuestro día
a día.
Recordemos que el gobierno NO está embargando
solamente un canal ni los activos de una planta; está multando nuestro derecho
de estar informados, está confiscando el derecho de saber la verdad del pueblo,
está embargando nuestra libertad de escoger que canal queremos sintonizar, está
multando el derecho de estar oportunamente informados, está confiscando la
libertad de información y multando la libertad de expresión.
El día de hoy, después de que decidieron
reducir la multa al monto inicial de Bs 9.394.314, me pregunto. Es que ¿acaso la
verdad tiene un precio? Esta vez me despido asegurándoles, que el derecho a
estar informados vale más de Bs. 9.394.314
Normal NO es:
Multar por informar.
Vanessa Eisig
Vanessa Eisig
Si, en Venezuela hay un grave problema de desprecio al productor -vease productor de bienes o de servicios, como el de la comunicación -que se ha ido cultivando por este gobierno. El problema radica en afirmar que quien produce un bien o un medio no tiene el derecho y la libertad de utilizarlo como mejor convenga y que es el estado quien tiene que determinar por nosotros lo que debemos o no hacer con nuestro trabajo (E incluso con el dinero que ganamos de el, vease CADIVI)
ResponderEliminarUn medio de comunicación privado debería ser libre de transmitir la información que desee y a aquel que no le guste es libre de cambiar de canal y no sintonizarlo más. Un canal de tv, por ejemplo, no transmitirá jamás algo que le pueda ser perjudicial en cuanto a su audiencia y su rating.
Pero aquí nos quieren decir que, no obstante el medio lo creen y trabajen otros, el estado es quien decide lo que se transmite.
Lo peor del caso es la demagogia, pretender crear un ambiente de ''equidad'' cuando el señor presidente tiene la potestad de acaparar todos los medios venezolanos con una cadena sin límite de tiempo para mostrarle al país lo que le venga en gana.
En fin, es lamentable. Como bien dices, se penaliza al que informa, pero en las calles los criminales y los corruptos marchan impunes.
www.kuaguros.blogspot.com