El Diario do Comercio denuncia que Chávez controla el Poder Judicial, y que existe una "persecución y destitución de jueces que toman decisiones en contra de los intereses del gobierno". Destaca que, de los 35 países que forman la OEA, Venezuela es el único país que no permite la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para ilustrar las injusticias que se cometen en Venezuela, el Diario do Comercio recurre a dos casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, el de la juez María Lourdes Afiuni y el del prisionero político Alejandro Peña Esclusa.
Seguidamente, el texto completo del reportaje del Diario do Comercio, cuya versión original en portugués se puede leer haciendo click aquí:
http://www.dcomercio.com.br/materia.aspx?id=70316&canal=21
Diario do Comercio
Sao Paulo, 6 de junio de 2011
En Venezuela, la justicia definitiva de Chávez es provisional
Entidades de derechos humanos y abogados critican cruzada chavista contra jueces que no obedecen a sus intereses.
Por: Sérgio Kapustan
El día que Hugo Chávez visita al Brasil, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el poder desde 1999, es criticado por irrespetar la separación de poderes, al dirigir su "apetito de autoritarismo" contra el sistema judicial venezolano.
Abogados y militantes de direchos humanos afirman que Chávez domina la cúpula de la Justicia y promueve la "desinstitucionalización progresiva" del régimen.
De modo general, las instituciones se mantienen en funcionamiento, pero el poder concentrado en las manos del presidente causa un desequilibrio.
En el caso del Poder Judicial, su influencia resulta en el aumento de sentencias en favor del Estado venezolano en los últimos cuatro años y en la persecución y destitución de jueces que toman decisiones en contra de los intereses del gobierno.
La teoría de la separación de poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– fue desarrollada por el filósofo Montesquieu en el clásico "El Espíritu de la Ley", publicado en 1748.
Esta obra esta vinculada, hasta hoy, al buen funcionamiento del Estado de Derecho. "Chávez debe considerar que Montesquieu está pasado de moda", resume el abogado venezolano Pedro Nikken, quien preside la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), con sede en Ginebra.
El caso emblemático es el de la juez María Lourdes Afiuni, en prisión domiciliaria por haber liberado al empresario Eligio Cedeño. Él fue acusado de fraude financiero y abandonó el país después de ser liberado.
Otra ciudadana venezolana, Indira Ramirez de Peña Esclusa, esposa del prisionero político Alejandro Peña Esclusa, lucha por la liberación de su marido (lea el texto abajo).
Pensamento único
El ataque chavista a la Justicia fue el tema de una mesa redonda en la Facultad de Economía y Administración (FEA), de la Universidad de Sao Paulo (USP), el miércoles pasado.
Participaron Nikken; el ex-secretario estatal de Justicia, Belisário dos Santos Junior; el licenciado en ciencias políticas Paulo Sérgio Pinheiro; y la directora del Instituto de Relaciones Internacionales de la USP, Maria Hermínia Tavares de Almeida. "La Justicia de Venezuela está en situación de emergencia desde hace 12 años, en razón de tener un gobierno de pensamiento único", afirmó Nikken, en la apertura.
El eje de la discusión fue el informe titulado "la desconfianza en la Justicia: el caso Afiuni y la independencia del Poder Judicial en Venezuela".
El texto fue publicado en abril de este año por el Instituto de Derechos Humanos de las Bar Association's (Ibahri), organización mundial de abogados y profesionales de derecho internacional.
El informe se basa en la visita de la delegación del instituto a Caracas, entre el 8 y el 11 de febrero. La delegación incluyó abogados, miembros y ex-miembros del Poder Judicial.
En la conclusión, se cuestiona la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en septiembre de 2009, al final del mandato de la Asamblea Nacional, en la que el gobierno tenía mayoría absoluta .
Conforme a la comisión, la elección habría sido ilegal, porque debió ser realizada por la nueva Asamblea, que tomaría posesión en enero de 2010, sin mayoría absoluta oficialista.
El texto también llama la atención por la falta de aplicación del Código de Ética y de parámetros inadecuados para la designación y remoción de jueces; por la "endémica situación de los jueces provisionales" y por la falta de garantías de independencia; y por las declaraciones y conductas de funcionarios de los poderes nacionales contra el Poder Judicial – comenzando por el propio Presidente de la República.
La delegación expresó además preocupación por las declaraciones públicas del magistrado Fernando Ramón Vegas Torrealba (TSJ), en la apertura de las actividades judiciales de 2011. Torrealba defendió la interpretación de la Constitución "en conformidad con la ideología de la Revolución Bolivariana".
Provisional definitivo
El miembro de la delegación, Belisário constató que más de la mitad del sistema judicial venezolano está compuesto de jueces provisionales que pueden ser sustituidos según la voluntad del Ejecutivo. "Allá, un juez estable es provisional", ironizó.
Paulo Sérgio Pinheiro integra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. Él es el relator de la Comisión para Venezuela, pero no ha podido entrar al país desde hace 7 años.
Según Paulo Sérgio, Chávez veta la entrada de la Comisión, por "representar los intereses del imperio norteamericano": "De los 35 países que forman la OEA, Venezuela es el único país que no permite la entrada de la Comisión". Para Maria Hermínia, "ninguna sociedad, en nombre de reducción de las desigualdades sociales, puede prescindir del Estado de Derecho" – en clara referencia a Chávez.
Lucha y drama: dejar la cárcel
Dos mujeres –la juez María Lourdes Afiuni e Indira de Peña Esclusa– viven un drama similar respecto a Hugo Chávez.
La juez fue detenida en diciembre de 2009, acusada de corrupción y abuso de autoridad. Ella decidió la liberación del empresario Eligio Cedeño, acusado de evasión fiscal, fraude bancario, contrabando y obtención ilegal de divisas.
Preso, Cedeño estuvo esperando por tres años la primera audiencia de la Justicia. Según la legislación venezolana, el plazo máximo es de dos años. Al ser liberado, dejó el país.
María Lourdes Afiuni, luego de un violento discurso de Chávez, fue directamente para la cárcel. El presidente pidió 30 años de prisión para la juez, por haber liberado "un enemigo de la Revolución Bolivariana".
"Imagine una juez en una cárcel entre presas que ella condenó", explicó Belisário dos Santos Junior, al contar la experiencia de Afiuni en el sistema carcelario de Venezuela, considerado uno de los más peligrosos de América Latina.
Después de 14 meses de prisión y con problemas de salud, la juez obtuvo, en febrero de este año, el beneficio de prisión domiciliaria. "Para ella, la justicia venezolana murió", comentó Belisário, al narrar el encuentro que tuvo con la juez.
Intermediación
La venida de Chávez al Brasil motivó a Indira de Peña Esclusa, esposa del prisionero político Alejandro Peña Esclusa, a enviar una carta a la presidenta Dilma Roussef pidiendo que ella interceda ante Chávez por la liberación de su marido, que está enfermo.
En la carta, que fue protocolizada el jueves pasado en la Embajada de Brasil en Venezuela, Indira informa que su marido "se encuentra detenido en los calabozos de la policía política venezolana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) desde el 12 de julio de 2010.
Al apelar a la presidente, Indira recordó que existe una semejanza entre la presidente y Alejandro: la enfermedad – "de la cual usted también fue víctima"; y la prisión – "usted fue una prisionera política y conoce cómo eso nos afecta a la familia". Según Indira, Alejandro está encarcelado "sin siquiera comenzar el juicio en su contra". Él tiene cáncer de próstata – con amenaza de metástasis.
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