El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, dijo que ve señales preocupantes en Venezuela pero advirtió que el organismo multilateral no tiene las herramientas para atender muchas de las acusaciones de que el gobierno está desmantelando la democracia en el país petrolero.
El secretario general dijo a El Nuevo Herald que la recién aprobada ley habilitante en Venezuela no se apega al proceso normal de los sistemas democráticos y recomendó al presidente Hugo Chávez a que se deshaga de ella tan pronto pueda.
"El tema de la ley habilitante me preocupó a mí'', dijo Insulza en referencia a una ley aprobada por la anterior Asamblea Nacional, 15 días antes de que venciera su período de funciones y que le otorgó a Chávez la facultad de legislar por su propia cuenta por más de 18 meses.
"Yo pienso que si se va a hacer una ley habilitante, entregando las atribuciones de uno de los poderes del Estado a otro, ese poder del Estado tiene que tener las atribuciones'', sentenció Insulza.
El funcionario también comentó que sigue esperando la autorización de Venezuela para poder atender el llamado de más de una veintena de estudiantes que permanecen en huelga de hambre para exigir que el jefe de la OEA viaje al país y corrobore presuntas violaciones a los derechos humanos.
Explicó que no sería posible viajar a Venezuela para atender el pedido de los jóvenes si no recibe si el gobierno no le otorga el permiso.
"No sería aceptable para el consejo de la OEA, ni para el consejo de ningún organismo internacional, que el secretario general fuerce la voluntad de un país miembro'', dijo Insulza en una entrevista con El Nuevo Herald en su despacho en Washington.
''Yo estoy perfectamente dispuesto a ir, porque yo creo que estas cosas se resuelven conversando pero no puedo ir a Venezuela si el gobierno venezolano no lo autoriza; ni yo, ni la Comisión de los Derechos Humanos'', añadió.
La aprobación de la ley habilitante forma parte de una larga lista de quejas presentada a Insulza por un grupo de legisladores de la oposición venezolana, cuyos integrantes alegan que Chávez está desmantelando la democracia en el país.
Pero Insulza dijo que muchas de esas acusaciones en realidad no pueden ser atendidas por la OEA debido a que la Carta Democrática Interamericana carece de mecanismos para verificar la totalidad de su cumplimiento, aun cuando el documento amenaza con el aislamiento diplomático al país suscriptor que viole sus preceptos.
Señaló que sería bueno, por ejemplo, contar con un mecanismo para verificar el cumplimiento del principio democrático de la independencia de poderes, cuya violación es una de las principales acusaciones lanzadas por la oposición venezolana contra Chávez.
"Yo he planteado la posibilidad de que así como tenemos para los temas de la corrupción, como tenemos para los temas de los derechos humanos, como tenemos para los tema de la droga, el tener un mecanismo verificador de este ramo muy esencial de la carta democrática'', dijo Insulza.
"Pero no tenemos esas mediciones. Yo puedo tener mi opinión [...], pero no me atrevería a tener una opinión oficial, si no tenemos un mecanismo de medición, un mecanismo de verificación'', dijo Insulza, quien fue reelecto en el 2010 para un segundo y último período en la Secretaría General de la organización.
Por otro lado, el campo de acción contemplado en el documento parece estar más diseñado para prevenir golpes de estado que para contener los excesos que pueden ser cometidos desde el poder.
"Si usted lee la Carta Democrática Interamericana, en el capítulo referente a la acción, cuando se rompe la democracia, siempre da la impresión de que el caso que nos estamos poniendo es que los gobiernos sean derrocados'', comentó Insulza.
"[Pero] también es una grave violación del orden constitucional una censura de prensa completa [...] también es una grave violación del orden constitucional [...] un fraude masivo de las elecciones y la disolución de un poder del Estado'', agregó.
Insulza dijo que sería conveniente darles acceso a los otros poderes del Estado para que también puedan invocar las previsiones contempladas en el documento y se pronunció a favor de definir mejor lo que constituyen graves violaciones en el orden constitucional para incluir el fraude electoral, el cierre masivo de los medios de comunicación y la disolución de uno de los poderes que conforman el Estado.
El secretario general también es partidario de crear mecanismos para evaluar la independencia de los poderes dentro de los regímenes democráticos, y en especial la independencia del poder judicial.
"Ese es un tema que a mí me importa mucho porque creo que el acceso a la justicia en América Latina es muy incompleto, lo cual significa que muchos ciudadanos latinoamericanos no tienen acceso a ella'', dijo Insulza.
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